Revista de Ciências Sociais — Fortaleza, v. 51, n. 2, jul./out. 2020
DOI: 10.36517/rcs.2020.2.d04

Introducción

El artículo está conformado por tres apartados: primero, se presenta un breve recuento en donde, bajo una mirada diacrónica, son planteadas las aristas primordiales que han ido configurando al conflicto; segundo, se plantea una tipología a partir de la cual son inteligibles los actores y las dinámicas territoriales que emergen en el contexto del conflicto, lo que permite, a su vez, delimitar el proceso de subjetivación política; tercero, se retoma este proceso de subjetivación y se enfatiza la politización de los recursos naturales e histórico-culturales, para profundizar en aquellos aspectos en los que hay una relación orgánica entre los enfoques de la territorialidad y la subjetivación política.

La articulación de dos enfoques que, hasta ahora, han sido desarrollados de manera independiente, el de la subjetivación política y el de la territorialidad – el primero de menor trayectoria en comparación con el segundo, y cada uno con autores y corrientes de pensamiento no necesariamente afines –, surge con el propósito de explicar este tipo de conflictividad, debido a la multidimensionalidad que caracteriza a este fenómeno.

Del enfoque de la subjetivación política – otras veces llamada subjetividad – recupero la definición propuesta por Modonesi, la cual es entendida como un proceso en el que son evocadas “las formas y dinámicas de conformación de subjetividades políticas en torno a conjuntos o series de experiencias colectivas surgidas de relaciones de dominación, conflicto y emancipación” (MODONESI, 2010, p. 15, cursivas en el original). Del enfoque de la territorialidad, rescato los planteamientos de Giménez y Haesbaert para relevar el proceso de apropiación, valoración y potencial dominación que un individuo o un grupo social instituye en torno a un espacio, proceso que se da tanto en el nivel simbólico-cultural como material-instrumental (GIMÉNEZ, 2000; HAESBAERT, 2011; SACK, 1994).

En el conflicto socioambiental minero en torno a Cerro de San Pedro existe una reconfiguración de las formas de apropiación, valoración y dominación territorial que puede ser expuesta a partir de sus elementos constitutivos. Estas territorialidades son instituidas tanto por el conjunto de actores que rechazan la minería, así como por quienes la respaldan y realizan. Al poner de relieve el proceso de subjetivación política para dar cuenta de la presencia y proliferación de la politización de los sujetos a nivel colectivo, se muestra que una vez que la territorialidad instituida se politiza con el ánimo de rechazar las consecuencias que supone la minería extractivista, dichos elementos constitutivos son recuperados y potencializados, conformándose en herramientas de la lucha sociopolítica.

Minera San Xavier y el Frente Amplio Opositor: breve recuento del conflicto

Cerro de San Pedro es un pueblo que se formó durante la época colonial, con el descubrimiento de las minas de oro y plata, en 1592. Uno de sus descubridores, Pedro de Anda, nombró al lugar “Cerro de Señor San Pedro del Potosí”, en alusión a la riqueza minera del Potosí, en el Alto Perú. El descubrimiento, a su vez, alentó el poblamiento de otros asentamientos y dio origen al estado de San Luis Potosí, México (SILVA, 2014).

La empresa minera norteamericana American Smelting Company (Asarco) explotó las minas de Cerro de San Pedro desde 1923. En 1948, Asarco terminó sus actividades en Cerro de San Pedro luego de un accidente en sus instalaciones, cierre que dejó un pueblo semi abandonado donde, aparentemente, la extracción minera ya no era rentable. Algunos trabajadores, junto con sus familias, fueron reubicados por la empresa en otros lugares, pero muchos otros decidieron permanecer, empleándose como pequeños gambusinos para vender lo extraído a los joyeros de la ciudad de San Luis. Otros habitantes migraron ante la falta de empleo o en busca de mejores condiciones de vida, pero esto no significó, siempre o forzosamente, que perdieran sus lazos territoriales pues Cerro representaba su lugar de origen.

En marzo de 1994 se formó la empresa Minera San Xavier S. A. de C.V (MSX), y para abril del año siguiente, inició actividades de exploración en las vetas de Cerro de San Pedro, excavó 44 socavones y localizó una veta de 400 metros de ancho y 200 metros de espesor, que corre 900 metros de norte a sur, invirtiendo un millón de dólares.¹ En julio de 1996, Hugo Garmiño representante de MSX, anunció que en Cerro de San Pedro se encontraban áreas mineralizadas de baja ley, con un beneficio de 1.10 gramos de oro por tonelada de material removido (PEÑA; HERRERA, 2008, p. 174).

Minera San Xavier, subsidiaria de la empresa canadiense Metallica Resources, obtuvo ante la Secretaria de Economía (SE) la concesión para la exploración, explotación y beneficio de los minerales, de acuerdo con lo establecido en la Ley Minera. Sin embargo, debía obtener, además, los permisos para el uso del agua y el acceso a la superficie territorial con de las autoridades estatales, municipales y autoridades agrarias.²

En octubre de 1997 MSX presentó, ante la Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap, hoy Semarnat), el estudio de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), así como “estudios de riesgo, estudios geofísicos de resistividad, consideraciones de voladuras para edificios antiguos, análisis de efectos no deseables por el uso de explosivos y el reporte de estudio de tomografía sísmica” (PEÑA; HERRERA, 2008, p. 175). Sin embargo, desde 1996, la empresa ya había negociado la compra de derechos de aguas nacionales.

Además, a principios de 1997 MSX solicitó el cambio de uso de suelo sobre 360 hectáreas de área forestal para reubicar a la población de La Zapatilla, debido a que constituía el lugar idóneo para la construcción del patio de lixiviación dada su cercanía con el área de explotación (PEÑA; HERRERA, 2008 p. 174).³ La comunidad aceptó y en 2001 fueron reubicadas 20 familias a cambio de empleo y de la construcción de viviendas y de una nueva parroquia, asentamiento ahora llamado Nueva Zapatilla. Paralelamente, MSX promovió la aceptación de su proyecto con otras comunidades de Cerro de San Pedro: Monte Calera y Portezuelo, por ejemplo, fueron beneficiadas con apoyos para festividades, servicio médico o empleo (SILVA, 2014).

Por tratarse de tierras cuyo régimen de propiedad es de tipo ejidal, la corporación suscribió contratos de arrendamiento para el uso/usufructo de las tierras con el Ejido Cuesta de Campa, municipio de Cerro de San Pedro, y con el Ejido Palma de la Cruz, municipio de Soledad de Graciano Sánchez, en diciembre y noviembre de 1996, respectivamente.⁴ Si bien el artículo 79 de la Ley Agraria establece que un ejidatario puede arrendar su parcela a un tercero, en este caso, y debido a la existencia de “núcleos de población ejidal”, era requerido el reconocimiento y la aceptación del contrato de arrendamiento mediante la celebración de la asamblea, ratificada con la legítima identidad de sus ejidatarios.⁵

Las iglesias de San Pedro y de San Nicolas Tolentino, así como una finca conocida como Casa Guadalupe, construidos entre los siglos XVII y XVIII, eran los principales monumentos que constituyen el patrimonio histórico y cultural de Cerro de San Pedro. Si bien las iglesias todavía subsisten, todos fueron impactados por las actividades de MSX, la finca fue totalmente destruida porque se encontraba en terrenos adquiridos por la empresa (SILVA, 2014).

Mapa 1. Unidad Minera Cerro de San Pedro, Minera San Xavier-New Gold. Minera San Xavier en su lucha por la legalidad

Fuente: Elaboración propria con base en Conseciones mineras Secretaria de Economia (2014). Imagen de Google Maps (2020).

Un primer momento de inflexión que marcó la trayectoria del conflicto se dio, en 1996, cuando MSX aprovechó una reunión del pueblo para informar sobre los “beneficios” del proyecto y anunció que, entre otras cosas, implicaba la destrucción del pueblo, cabecera política y homónima de municipio. El rechazo de quienes allí estuvieron fue inminente:

La reacción de la comunidad fue de rechazo. Primero todo mundo estábamos contentos. Fue una reunión donde, por cierto, estaba el padre Margarito. Un sacerdote que estaba ahí en Cerro, duró mucho tiempo y por medio de él, a la hora de la misa, convocan al pueblo. Entonces va la gente. Yo no fui, pero fue mi esposo. Yo me acuerdo que esa vez él fue, y estaban en esa reunión, cuando llegan los directivos de la empresa. Exponen el proyecto con la gente del pueblo, en el templo de San Nicolás, y les empiezan a decir que el proyecto es de este tipo, que va a haber empleo, pero dice: “ustedes tienen que ser reubicados”. Esa era una de las condicionantes para empezar el proyecto. “Ustedes se van a tener que salir de aquí”. Por ahí alguna persona de las grandes, pregunta, “bueno, nos vamos a salir y los templos qué”. Los de la empresa les dicen: “no pues esos se van a caer”. Así con ese descaro se los dijeron. Entonces ahí la gente dice “¡no, están locos, ¡cómo creen!”. Su reacción inmediata fue de rechazo (Entrevista a Berta, San Luis Potosí, 24 de enero de 2013).

Algunos habitantes de Cerro de San Pedro que habían migrado regresaron, si bien no para quedarse, sí para reencontrarse con su origen y, a su vez, por la llegada de MSX.⁶ A principios de los años noventa del siglo pasado, Cerro era un lugar carente de muchas cosas, como servicios de agua y de luz, lo que no socavó su atractivo turístico y cultural.

La falta de servicios y la poca atención del gobierno para proveerlos, fueron el motor para que una parte de la población de Cerro de San Pedro se organizara y gestionara ante las instituciones públicas correspondientes, los recursos necesarios para mejorar las condiciones del pueblo. La conformación de un “Consejo ciudadano”, integrado por dos representantes de cada comunidad (son aproximadamente 15 localidades las que integran Cerro de San Pedro), “tenía como objetivo la mejora de los servicios y atender los problemas de la comunidad” (Entrevista a Manuel, San Luis Potosí, 5 de febrero de 2013).

Este esfuerzo, eclipsado con la llegada de la MSX, sirvió de caldo de cultivo para la organización y la lucha de resistencia contra la empresa. Al darle una nueva dirección al Consejo recién formado y, posteriormente, concertar la creación del Patronato Pro Defensa del Patrimonio Histórico Cultural de Cerro de San Pedro, sentaron las bases para la articulación de diversos grupos y organizaciones en el Frente Amplio Opositor a MSX (FAO).

En México, a principios de la década de 1990, las experiencias de lucha y organización social y política frente a empresas mineras extranjeras, eran muy escasas o casi nulas. Las primeras acciones de lucha en Cerro de San Pedro no contaron con el conocimiento de otras organizaciones en resistencia, y tampoco era claro a qué instancias se debía recurrir para denunciar esta problemática.⁷

Una de las primeras acciones de los habitantes organizados, junto con la participación del grupo ecologista Pro San Luis Ecológico, fue exigir la MIA con el objetivo de conocer a detalle en qué consistía el proyecto minero, poniendo especial atención en las consecuencias al medio ambiente y a la salud de los potosinos. Además, solicitaron a la Semarnap una reunión pública en la que se diera a conocer el proyecto a la sociedad potosina (MSX únicamente había publicado, en dos diarios locales, un extracto de la MIA, según lo estipulado en la Ley) (PEÑA; HERRERA, 2008, p. 175).⁸

En 1998 convergen dos procesos importantes. Por un lado, Pro San Luis Ecológico y el Patronato Pro Defensa del Patrimonio Histórico Cultural de Cerro de San Pedro venían acumulando fuerza social.⁹ Sin embargo, el cambio de presidente municipal fue una coyuntura política que la corporación aprovechó y de la que obtuvo un beneficio importante: los permisos del municipio para poder operar. Minera San Xavier tuvo injerencia en el proceso electoral al apoyar a ambos contendientes para presidente municipal pues, al final de cuentas, el presidente electo tendría que negociar con la empresa.¹⁰

Por otro lado, en marzo de 1998 se llevó a cabo la Reunión Pública de Información sobre el proyecto, a la que “asisten 319 personas, entre miembros de organizaciones sociales y académicas, empresarios, integrantes de grupos ecologistas e instituciones de gobierno y población civil” (PEÑA; HERRERA, 2008, p. 176). Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre los distintos actores, el gobernador Fernando Silva Nieto propuso que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), elaborara una “Opinión técnico-científica sobre los componentes ambientales del proyecto minero-metalúrgico de MSX, a partir de la revisión de los documentos que la empresa presentó ante el Instituto Nacional de Ecología.” (PEÑA; HERRERA, 2008, p. 176).

Además del proceso electoral, la intervención de la UASLP y la aceptación para que ésta diera su opinión, les restó fuerza social a los grupos organizados:

El gobernador nos visita y nos dicen “ya paren su campaña, yo voy a pedir un estudio, le voy a decir al Instituto Politécnico Nacional (IPN) y a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)”. Ellos iban a hacer un estudio, y si ellos dicen que sí va a contaminar, no hay proyecto, “yo Estado no les doy el permiso”. Y aún no tenía permiso, ni siquiera el de Semarnat – estaba por venir. La empresa metió su MIA para pedir autorización ambiental pero no estaba dada. Y bueno, pues por ahí la gente accedió y paramos la campaña. En ese tiempo la empresa aprovechó para hacer su campaña, en fábricas, escuelas, en colonias aquí en San Luis Potosí, para revertir la campaña de nosotros, diciendo que el proyecto era un costal de bondades y ahí nosotros perdimos tiempo. Fue una estrategia del gobierno para detener nuestro avance que iba bastante fuerte (Entrevista a Manuel, San Luis Potosí, 5 de febrero de 2013).

En enero de 1999, la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) remitió a la Semarnap la Opinión técnico-científica elaborada por la UASLP y, al mes siguiente, otorgó un permiso de operación condicionado, estableciendo 100 condicionantes que la empresa debía seguir y sin las que podría iniciar sus actividades. Y en marzo de ese mismo año, el gobernador concedió la licencia estatal de uso de suelo solicitada por MSX a la Secretaria de Desarrollo Urbano, Comunicaciones y Obras Públicas (posteriormente fue renombrada Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, Seduvop) (PEÑA; HERRERA, 2008, p. 177).

La conformación de un Comité Técnico Ciudadano que tuvo como objetivo vigilar las actividades de MSX (acto anunciado por el gobernador Silva Nieto en mayo de 2000), representó una posible solución al rechazo del proyecto minero. Momento clave del conflicto pues, una vez dada la autorización condicionada, la empresa contó con un sustento legal mínimo para sus operaciones lo que, al mismo tiempo, le sirvió para cimentar la aceptación de la sociedad potosina.

La autorización ambiental fue impugnada por el FAO y, en tres ocasiones distintas, dicha autorización fue juzgada como violatoria al Plan de Ordenación y su zona conurbada decretado en 1993.¹¹ En junio de 2004, el Noveno Tribunal del Primer Circuito ordenó a la Sala Superior de Justicia Fiscal y Administrativa anular el permiso de operación. Sin embargo, dos meses después, la empresa recibió la licencia de construcción y funcionamiento por parte del Ayuntamiento de Cerro de San Pedro y, en agosto de 2005, la Dirección General de Minas le autorizó la ocupación temporal de 300 hectáreas ejidales.¹²

En octubre de 2005, el Tribunal ratificó el fallo emitido un año antes en el que se declaró nulo el permiso de autorización ambiental que la Semarnap concedió en 1999. A pesar de esto, la Semarnat concedió un nuevo permiso a la empresa, argumentando que el proyecto no es industrial sino minero y que no supondría un “grave daño ambiental”.¹³

De 2005 en adelante, el desarrollo del conflicto estuvo sujeto a los tiempos burocráticos. Por un lado, se buscó la nulidad del proyecto en tanto que contradecía el decreto de 1993 y, por otro lado, se intentó resolver el juicio agrario con el que se demandó la nulidad del contrato de arrendamiento suscrito con el núcleo ejidal “Cerro de San Pedro”, demanda interpuesta por habitantes de la comunidad que reclamaron sus derechos ejidales.

En 2008 el grupo New Gold compró el proyecto de la Unidad Minera Cerro de San Pedro a Metallica Resources y, en octubre de 2009, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) emitió una resolución a un amparo promovido por el FAO y ordenó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales anular el permiso que otorgó en mayo de 2006 a MSX; inmediatamente, la empresa solicitó un amparo contra dicha sentencia.

En diciembre de 2009, el Juzgado Primero de Distrito, con sede en San Luis Potosí concedió el amparo al FAO. En ese momento, MSX suspendió sus operaciones en Cerro de San Pedro de acuerdo la notificación impuesta por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiental (Profepa), sin embargo, la empresa anunció en Canadá que continuaría con sus operaciones.

En marzo de 2011, el gobierno de San Luis Potosí publicó el decreto del Plan de Desarrollo Urbano y Centro de población de Cerro de San Pedro. Con este plan se cambió el uso de suelo y se estableció como de uso minero el 74% del municipio (área de operación de MSX).¹⁴ Para agosto del mismo año, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat nuevamente autorizó la MIA a Minera San Xavier.

El FAO y la lucha de resistencia

Con la defensa del pueblo ante su inminente destrucción, comenzó un proceso en el que, durante más de quince años, los grupos opositores interpelaron el control social, político, económico y territorial de MSX. Sin embargo, la lucha de resistencia no se ciñó a una demanda específica: la defensa y el pueblo de Cerro de San Pedro. En el Frente Amplio Opositor convergieron organizaciones sociales que, a pesar de su distinta génesis territorial y conformación, enfrentaron una misma problemática.¹⁵

La confluencia de los diversos grupos que integran el frente implicó que los ejes de la lucha de resistencia fueran varios: a la defensa del pueblo, se sumó la resistencia contra la devastación y contaminación ambiental que repercutirá, a mediano y largo plazo, en daños a la salud. Grupos como Pro San Luis Ecológico y Educación y Defensa Ambiental, integrados por habitantes de San Luis Potosí, son organizaciones que no se conformaron por el conflicto minero de Cerro, pero al integrarse, lo hicieron porque fueron conscientes de que también serían afectados.¹⁶

En el año 2000, la lucha de resistencia del FAO buscó, por todos los medios, difundir los impactos sociales y ambientales del proyecto minero, con el ánimo de potenciar el descontento de la población. Además del enfrentamiento ideológico y mediático, la vía legal fue uno de los terrenos prioritarios de la disputa.

En el ámbito jurídico-legal, además de la anulación de los permisos y autorizaciones concedidos por las instituciones de gobierno, la oposición tuvo dos objetivos: la anulación del contrato que supuestos ejidatarios firmaron para el arrendamiento de tierras del “Ejido Cerro de San Pedro” y la recuperación de los derechos ejidales de aquellos habitantes que tenían algún parentesco con antiguos ejidatarios de Cerro de San Pedro; ambos aspectos fueron librados mediante juicios interpuestos ante las autoridades agrarias federales.

La incertidumbre sobre quiénes eran o no ejidatarios fue un aspecto que cobró mayor relevancia con la llegada de la empresa al municipio pues, en buena medida, de esto dependía quienes podían promover la nulidad del contrato de arrendamiento (Entrevista a Darío, San Luis Potosí, 11 de febrero de 2013).

A principios de la década de 1940, conforme al código agrario de 1942, se realizó una depuración censal en la que, de 125 personas, únicamente 42 obtuvieron el certificado que avala sus derechos agrarios (Entrevista a Darío, San Luis Potosí, 11 de febrero de 2013).¹⁷

En 1976, ante la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), un grupo de personas pertenecientes a la comunidad de la Zapatilla, del municipio de Cerro de San Pedro, solicitaron su conformación como nuevos sujetos agrarios; es decir, ellos mismos, sin ser ejidatarios reconocidos, organizaron asambleas ejidales para autonombrarse como ejidatarios. En 1988, la SRA promovió la desaparición de los derechos colectivos de Cerro de San Pedro, la cual tuvo efecto hasta 2009. Durante la celebración de las asambleas ejidales, asistieron las mismas personas de la Zapatilla que siempre quisieron ser ejidatarios, con la intención de avalar que no había ejidatarios de Cerro, ni sucesores que reclamaran sus derechos.

Aun con la recuperación de los derechos ejidales de unos y el reconocimiento de otros, importante herramienta de la lucha contra MSX, no se consiguió la cancelación definitiva del proyecto por esta vía: “en 2004 se obtiene la nulidad del contrato de arrendamiento, pero posteriormente por cuestiones extrañas, dan una resolución inverosímil, establecen que como los compañeros no eran ejidatarios cuando se firmó el contrato de arrendamiento ellos no podían pedir la nulidad. No obstante que se logra la nulidad nos la echan para abajo” (Entrevista a Darío, San Luis Potosí, 11 de febrero de 2013).

Frente a este escenario, MSX promovió y consiguió la ocupación temporal ante la Secretaria General de Minas. De acuerdo con la Ley Minera, el conceso de la asamblea de ejidatarios es un requisito para convenir la ocupación temporal; sin embargo, esta se obtuvo con el consentimiento de un habitante. Los ejidatarios reconocidos que rechazaban a MSX impugnaron dicha ocupación, siendo ellos quienes lograron detener, por un tiempo, las operaciones mineras: “en 2009 [cuando] se valida la privación de los derechos colectivos, como consecuencia, se tiene la adición de personas que eran ajenas a tener voz y voto en el ejido de Cerro de San Pedro, y es en ese momento cuando los compañeros ejidatarios tienen la capacidad de implementar amparos en materia agraria y los dejan en cierto estado de indefensión” (Entrevista a Darío, San Luis Potosí, 11 de febrero de 2013).

La lucha de resistencia también se libró frente al control político avalado por las redes de corrupción que MSX consolidó, no sólo en San Luis Potosí sino con las autoridades e instituciones de gobierno a nivel federal. Basta considerar los millones de dólares que esta, como muchas otras empresas, invierten para afianzar el “visto bueno” de país anfitrión (Entrevista a Manuel, San Luis Potosí, 1 de febrero de 2013).¹⁸ Con ello, MSX inclinó la correlación de fuerzas políticas a su favor, dejando pocos espacios a la lucha de resistencia del FAO.

Cerro de San Pedro se constituyó en una trinchera de resistencia ante la que diversas organizaciones sociales y políticas mostraron interés y solidaridad. En algunos de los varios movimientos y organizaciones más significativos, el FAO encontró un abierto apoyo. Por un lado, en noviembre de 2006, el subcomandante Marcos del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) visitó las comunidades de La Zapatilla y la cabecera municipal. Durante un evento, al que acudieron unas 200 personas, el sub Marcos escuchó la problemática contra la minera, entre los asistentes se encontraba Conchita Calvillo –viuda de Salvador Nava, importante líder político que encabezó el gobierno estatal por un breve periodo de tiempo en 1991.¹⁹

Por otro lado, en junio de 2008, la caravana del Movimiento Pasta de Conchos visitó Cerro para sellar una alianza de Resistencia Civil con el FAO. Para formalizar la alianza, una comitiva del frente vistió la mina de Pasta de Conchos en Coahuila y apoyaron el plantón que sostuvieron las viudas de los 65 mineros que murieron ahí, en febrero de 2006.²⁰

A finales de 2008, integrantes del FAO le entregaron a Andrés Manuel López Obrador un informe en el que documentaron el conflicto contra la MSX, especialmente los actos de corrupción en los que incurrió y los vínculos que el ex presidente Vicente Fox había establecido con la empresa. En el encuentro, López Obrador se comprometió a dar apoyo legal y difundir la experiencia de Cerro de San Pedro.²¹

Por último, el 7 de junio de 2011, en el marco de la Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad que buscaba denunciar, por distintos puntos de México y Estados Unidos, la violencia que actualmente vive el país, Javier Sicilia – quien encabezaba la caravana – estuvo presente en Cerro de San Pedro y San Luis Potosí. En un acto simbólico realizado con integrantes del Frente, clausuró las actividades de MSX y “pidió a las autoridades detener la devastación que se está registrando en la región de San Pedro, y manifestó que lo que sucede en esta zona ‘es una muestra del pudrimiento de las instituciones, ya que dentro del Estado están también los criminales’”.²²

A pesar de tan disímiles experiencias de resistencia y apoyo con las que se vinculó el Frente Amplio Opositor, haciendo hincapié en las diferencias entre el EZLN, López Obrador y Sicilia, todas son indicativas, en términos generales, del tipo de disputas subalternas y de los procesos de subjetivación política que configuraron el escenario de luchas sociopolíticas en México. Los esfuerzos por converger evidencian que el puente entre ellas reside, en buena medida, en los posibles lazos de solidaridad que se tejan y que, al mismo tiempo, evidencian la necesidad de trascender el nivel más inmediato de la lucha, lo que es crucial en la maduración política de los actores y organizaciones.

Hasta aquí se ha puesto de relieve la manera en que, desde una mirada diacrónica, fueron desplegados una serie de aspectos que nutrieron y caracterizaron el conflicto socioambiental, indicando sus momentos álgidos. A continuación, será mostrado este mismo proceso, a partir de su articulación sincrónica, para plantear algunos elementos explicativos.

Territorialidades en disputa

Desde el enfoque de la territorialidad, el ejercicio de dominación y control sobre un espacio tiene, como correlato, la dominación y el control de los sujetos que se relacionan con ese espacio, al cual territorializan. El territorio no sólo constituye un entramado de proceso de apropiación y conformación de territorialidades, su politización puede constituirse en uno de la conflictividad; el territorio no es el contenedor del conflicto, son las distintas valoraciones de sus elementos lo que se ponen en tensión.

A continuación, se presentan de manera esquemática las territorialidades y la conformación subjetiva de una de esas territorialidades. Así mostradas, constituyen una tipología que permite bosquejar tanto a los actores como los procesos que convergieron en el conflicto socioambiental minero:

Esquema 1. Territorialidad y Subjetivación política

Una territorialidad extranjera

La manera en que MSX impuso su presencia en Cerro de San Pedro no fue, únicamente, resultado de la concesión que, mediante una serie de permisos, le permitió formalizar su proyecto de explotación durante un tiempo y espacio determinados. Esta empresa canadiense, como muchas, entabló una relación particular con el territorio.

Los pequeños gambusinos que había continuado con la extracción de pequeñas rocas mineralizadas, tuvieron que dejar de hacerlo, a partir del año 2000, debido al cierre de los accesos a las antiguas minas que MSX había adquirido. Además de cancelar cualquier otra forma de explotación minera, tradicional o en pequeña escala, el paisaje de Cerro de San Pedro se transformó en poco tiempo y casi por completo.²³ A diferencia de la minería tradicional que desarrolló la empresa Asarco hasta los años cuarenta del siglo pasado por un periodo de veinte años, MSX modificó de manera irreversible el paisaje de Cerro en tan sólo 6 años.

La relación de MSX con el territorio también se deriva de los contratos de arrendamiento en los que destaca el carácter irrestricto que se le dio al desarrollo de las actividades mineras. Del conjunto de cláusulas de los contratos destacan varios aspectos: a) la empresa MSX tiene la facultad de “extender la superficie de su proyecto hasta un máximo de 10000 o 15000 has en cualquier dirección”; b) la vigencia de dichos contratos fue de quince años con posibilidad de prórroga hasta por otro periodo igual, “con el sólo aviso que la empresa haga” al ejido; c) puede modificar la estructura de la comunidad (cerrar caminos y reabrir otros nuevos, como lo hizo en Cuesta de Campa).²⁴

En lugar del simbólico cerro de San Pedro, ubicado a espaldas del templo de San Pedro, quedó un tajo de, aproximadamente, un kilómetro de diámetro y 150 metros de profundidad. Año con año, se observó cómo el tajo amenazaba con devorar al pueblo. En especial, los patios de lixiviación instalados a escasos metros del sitio donde fue reubicada la comunidad de La Zapatilla, son un lugar que no pasa desapercibido. El tajo y los patios forman parte del “nuevo” paisaje histórico y cultural de Cerro de San Pedro.

Figura 1. Cerro de San Pedro, San Luis Potosí.

Fuente: Foto de autor (2012).

La territorialidad extranjera que Minera San Xavier ejerció sobre el territorio no se ciñe al control de un área geográfica determinada, implicó también una transformación de aquello que controló y dominó.²⁵ Al interior del municipio de Cerro de San Pedro, la delimitación de fronteras mediante el levantamiento de mallas, implicó el trazo de límites territoriales que diferenciaron las áreas de libre tránsito de aquellos espacios a los que ya no era permitido acceder:

Para muchos compañeros ya de repente andar en el pueblo era difícil, que esa es la otra parte, se ha adueñado de los territorios. O sea, Minera San Xavier es como un enclave, tiene la figura de enclave dentro de territorio. Acá se maneja bajo los preceptos de los canadienses. El pueblo y sus alrededores quien manda y quien gobierna son ellos, ya no es territorio mexicano, es territorio de ellos y así lo consideran, ahí tienen sus camionetas con sus guardias y el cercar todo pues es una manera de decir: “esto no es de ustedes, nosotros aquí mandamos” (Entrevista a Ernesto, San Luis Potosí, 28 de enero de 2013).

Si bien esta delimitación es una práctica que justamente tiene el objetivo diferenciar el adentro y el afuera en distintas escalas, desde la casa o la escuela hasta el conjunto de países a nivel global, esta demarcación adquiere un sentido característico cuando se realiza en el marco de un conflicto cuyo eje es, precisamente, la defensa del territorio.

Las camionetas de la empresa y algunas cámaras de seguridad muestran la forma en que MSX ejerció su apropiación simbólica y material sobre la cabecera municipal. Esto no ocurrió de la misma manera en todas las comunidades, donde los trabajadores y las camionetas de la empresa también se exhibían cotidianamente.²⁶

Por ejemplo, en La Zapatilla, MSX no era un actor que suscitara tensión. Si bien no se habla abiertamente de ella, el hecho de que esta comunidad aceptara, desde el inicio, su reubicación, significó que la empresa aseguró su control aun cuando no fuera coercitivo, como en la cabecera municipal; la aceptación de reubicación es muestra del consenso que la empresa logró con esta comunidad. Debe señalarse, además, que la accidentada geografía del municipio de Cerro de San Pedro hace que el control territorial de la empresa fuera diferenciado; en algunas comunidades, como Cuesta de Campa o Monte Caldera, lugares desde donde se pierden de vista el tajo y los patios de lixiviación, coadyuva a que, en apariencia, el conflicto mismo desaparezca.

Las modificaciones al paisaje, la delimitación y control de áreas y fronteras, muestran cómo este actor concibe al territorio: fuente de recursos naturales, tanto de la superficie como del subsuelo, que pueden ser extraídos de un lugar para ser utilizados, transformados y valorizados en otro. La efectividad de la territorialidad ejercida por la corporación residió, además, en los vínculos y la relación de cooptación que estableció con ciertos grupos de poder local o regional, así como mediante la conformación de un “grupo de choque”; todo ello le permitió controlar social y políticamente al municipio.

Esta territorialidad extranjera – que puede aplicarse a otras empresas transnacionales extractivas – se caracteriza también por la discontinuidad en el acceso y la regulación en la extracción de los recursos contenidos en los territorios. Una misma empresa, especialmente las que están sólidamente establecidas en los mercados internacionales, se apropian y controlan áreas geográficas no colindantes al mismo tiempo. Se trata, de una apropiación del territorio sin un proceso ni construcción de identidad.

Territorialidades politizadas y territorialidades negociadas

Frente a esta territorialidad extranjera es posible identificar otras territorialidades que surgen en el marco del conflicto socioambiental minero. En la institución de estas otras territorialidades son recuperadas tanto la migración como la permanencia, dando lugar a dos grandes conjuntos: una territorialidad en la que se politizan algunos de sus elementos constitutivos y otras que negocian su existencia y permanencia en el territorio al relacionarse con la politizada y la extranjera.

La migración permanente, temporal o cotidiana, en tanto que búsqueda de fuentes de empleo y opciones de educación, incluido el frecuente desplazamiento a la ciudad de San Luis Potosí para satisfacer ciertas necesidades (alimentación, esparcimiento, etcétera), puede desdoblarse en tres dimensiones: lo que significa irse del lugar de origen o de pertenencia, regresar a éste, y las implicaciones de permanecer.

La territorialidad politizada es detonada, en buena medida, por el regreso al lugar de origen. La amenaza de destrucción del pueblo y la imposibilidad de mejorar las condiciones de vida que, entre otras cosas, permitirían llevar a cabo un proyecto turístico en el que serían desarrollados los servicios y las fuentes de empleo (como restaurantes, hoteles, etcétera), son los factores que nutren a esta territorialidad.

El retorno a Cerro de San Pedro se explica, como en otros contextos, por la añoranza del lugar de origen o donde se ha crecido. Este factor constituye, sin duda alguna, un eslabón de gran envergadura en la apropiación y valoración del territorio en la medida en que, con el regreso, es resignificado este proceso de apropiación y valoración.

Al considerar que no todos son oriundos de este municipio, sino que en el conflicto – especialmente en el momento en que diversos grupos se articularon en el Frente Amplio Opositor – confluyen actores de municipios aledaños, Soledad de Graciano Sánchez y de San Luis Potosí, lo que hizo factible que Cerro fuera resignificando no sólo porque se le apropia y valora en tanto que lugar de nacimiento, sino que esta apropiación es reforzada y reconstruida permanentemente.

Yo nací acá en San Luis Potosí, pero Laura siempre me decía “tú di que eres de Cerro de San Pedro”, pero no podía. Yo soy de acá de San Luis. Después me tocó, desde el 2005, salir y hablar de Cerro y hacer denuncia en el extranjero y entonces tuve que reforzar mi identidad y decir que yo vengo de Cerro de San Pedro. Y hasta la fecha, yo sigo saliendo y no puedo decir otra cosa, yo vengo de Cerro de San Pedro y está pasando esto. Yo a lo que voy es a hablar de lo que está pasando aquí, no voy a otra cosa. A donde quiera que vaya hablo de lo que está pasando y vengo de ahí, y soy ejidataria. Entonces sí se reforzó mucho porque ni idea teníamos del valor histórico cultural, de toda la riqueza arquitectónica que tenemos, nosotros íbamos porque era nuestro terruño, el terruño de los abuelos, ahí está la casita. Pero ahora sentimos que, más que nada, lo que ha salido de ahí es el movimiento nacional y ahora se está ligando con Centroamérica, y estamos ligados hasta Chile, Perú. Yo represento, a donde vaya, a Cerro de San Pedro (Entrevista a Antonia, San Luis Potosí, 24 de enero de 2013).²⁷

La territorialidad politizada buscó la confluencia de todos los municipios afectados, reivindicado a Cerro de San Pedro como el lugar que dio origen al estado de San Luis Potosí y enfatizando su valor histórico y cultural. La posible destrucción del simbólico cerro de San Pedro, epicentro de esta territorialidad, puso de relieve los procesos de resignificación que tuvieron lugar. La defensa frente a su destrucción puede ser entendida, entonces, como el núcleo de las formas de apropiación y valoración que emergen del amor al pueblo, pero que lo resignifican con el ánimo de robustecer su importancia histórica.

Además de la territorialidad extranjera y la territorialidad politizada, asoman otras territorialidades que se diferencian frente a estas. Con el ánimo de caracterizarlas, el resto de territorialidades son delimitadas a partir de su dinámica negociadora. Es decir, entre la relación de imposición ejercida por la territorialidad extranjera y la lucha de resistencia desplegada por la territorialidad politizada, emergieron territorialidades que negociaron su presencia mediante formas de apropiación y valoración distintas y con las que hicieron frente al conflicto.

Dentro de las territorialidades negociadas se ubican, por lo menos, tres. Igual que en las territorialidades politizada y extranjera, Cerro de San Pedro es el fundamento para entender cómo se consolidan estas territorialidades. Sin embargo, el significado del pueblo y su posible destrucción son factores que cruzan en modos diversos el proceso de territorialidad. Esta forma diferenciada de apropiación y valoración se observa, especialmente, cuando se contraponen con el conflicto y los intereses que allí se juegan.

Por un lado, estas territorialidades en negociación comprenden a algunos de los ejidatarios que arrendaron sus tierras. Cuando se evidenció que los beneficios prometidos por la minera eran escasos o nulos, esta territorialidad se apegó a la búsqueda de mejores pagos por sus tierras arrendadas. Esto significa que la apropiación y valoración, sin dejar de lado los lazos culturales y simbólicos, estuvo mediada por la significación material y funcional del territorio, pues las tierras ejidales en Cerro de San Pedro representaban su único medio de subsistencia; de ahí que las repercusiones al medio ambiente y a la salud fueran postergadas.

Fue un caso en el que la gente estaba necesitada y sin dinero. Yo he platicado con mi papá y con los demás ejidatarios y ellos decían que preferían comer, que la contaminación después […] En la comunidad, la mayoría de la gente que tuvo en sus manos la decisión de arrendar o no las tierras, a veces no sabían ni leer, menos iba a entender qué es un tajo a cielo abierto o un proceso de lixiviación. Realmente lo que ellos querían era el dinero. Yo no los culpo. O sea, me da tristeza que haya sucedido, pero pues el gobierno del estado nunca se ha preocupado por acercar empleo. La gente está en la miseria. Si te dan de comer pues adelante. Mi papá me decía “es que a la mejor yo tengo qué comer, pero los demás no tienen trabajo”, eso era lo primero. Por eso es que el ejido arrendó las tierras en una cantidad ridícula porque ahí es donde están las piletas de lixiviación, en las tierras que rentó el ejido". Yo ahora les llevo información para que ya no le sigan arrendando por tan poco dinero, o sea, que les paguen lo justo (Entrevista a Berta, San Luis Potosí, 24 de enero de 2013).

Por otro lado, existe una territorialidad en la que la destrucción del pueblo era considerada un “mal que trae un bien”; es decir, la única posibilidad para que los habitantes pudieran tener un empleo consistía en el desplazamiento y la destrucción de Cerro de San Pedro, pues – decían – “aunque esté feo así se le quiere”.

Dentro de esta territorialidad se ubica aquella en la que, si bien se fue resignificado el territorio en función de la migración (irse y regresar al terruño) o de la permanencia, las acciones de Minera San Xavier, sobre todo, sus alcances y consecuencias, son asumidas. Si bien, igual que en la anterior apropiación, permeó lo material y funcional, a diferencia de ésta, no fueron problematizados los impactos naturales y a la salud que suponía el proyecto.

Ahora que estábamos en la presidencia me decían “por qué la destrucción al Cerro”. Yo les decía que no había de otra. O sea, tienes que apostarle o querer hacer algo, pero tienes que sacrificar algo. Y sí es feo. Yo cuando veía que tronaban pensaba que ya le iban a poner en la torre al pueblo. Pero no, se logró que se trabajara de aquel lado. Lo que sí se ve es que hay más movimiento. Las familias de los pueblitos que no imaginaban que algún día tuvieran un vehículo o negocios; las casas han mejorado. Hay apoyos de la empresa, pero todo tiene un precio si así lo queremos ver. El movimiento es bueno, pero con sus pros y sus contras (Entrevista a José, San Luis Potosí, 18 de marzo de 2013).

Además, emergió otra territorialidad en negociación que buscó beneficiarse, aprovechando tanto la politizada como la extranjera, y frente a las cuales no aparece en confrontación ni en aceptación. Es decir, estas territorialidades en negociación tienen como común denominador la apelación a las otras territorialidades, utilizándolas, con el ánimo de mantenerse y sin comprometer los beneficios obtenidos; por lo general, estos beneficios se traducen en empleos o bonificaciones que la empresa ofreció y, cuando ésta no las cumplía, las territorialidades en negociación recurrían a los grupos en resistencia para presionarla.

Este conjunto diverso de territorialidades que, de una u otra manera, negociaron y aceptaron a la territorialidad extranjera, constituyen formas de apropiación en donde el valor de cambio se sobrepone al valor de uso de la tierra y del territorio (aspecto material-funcional de la territorialización). Lo que no significa que no tenga lugar una apropiación simbólica del territorio en la medida en que el valor de cambio no cancela el apego y el lazo territorial que se entabla con el lugar de origen o de pertenencia.

Este conjunto de formas diferenciadas de apropiación, valoración y dominación están, a su vez, entrelazadas por las visibles transformaciones que en tan poco tiempo cambiaron este paisaje minero. La relevancia de esta variación al paisaje reside, además, en que la tipología que aquí se plantea tuvo el reto de explicar cómo se superponen estas territorialidades, esto es, hacer inteligible la manera en que están engarzadas y no exponerlas única y exclusivamente a partir de sus discrepancias. Tanto para quienes nunca salieron de su pueblo como para quienes regresaron, el cambio definitivo al paisaje es un factor que cruzó tanto a las territorialidades en negociación como a las politizadas. El recuerdo que tenían de Cerro de San Pedro como un lugar tranquilo, con flora y fauna que ya ha desaparecido, disienta con lo que ahora observan.

En síntesis, puede afirmarse que el factor que detonó las territorialidades, extranjera, politizadas y en negociación es la significación y resignificación del territorio por parte de los grupos y actores que ahí concurren; lo que, evidentemente, no implicó un proceso unilateral sino diferenciado en la medida en que está cruzado por los procesos de permanencia o migración.

Además de la resignificación, el reconocimiento de los rasgos irreversibles que sobre el territorio imprimió la actividad minera de la canadiense (desde la devastación y contaminación ambiental hasta la destrucción al paisaje y, por tanto, a sus valores histórico-culturales), puso en evidencia el grado y la forma en que fueron instituidas este conjunto de territorialidades.

Los contornos entre las territorialidades politizadas y en negociación frente a la extranjera se presentan de manera mucho más clara. En buena medida, esto es producto de que su carácter extranjero, puesto que el actor que la detenta no se ha apropiado de Cerro de San Pedro en tanto que oriundo del lugar, sino que viene de fuera; esta apropiación no implicó la conformación de identidad con el lugar o un sentido de pertenencia, sino de propiedad privada y control. Igual importancia tiene, para definirla como foránea, es el saqueo de los recursos minerales.

La frontera entre las territorialidades politizada y en negociación es menos nítida. Aun cuando estas tengan su fundamento en la apropiación y valoración en torno a Cerro de San Pedro, no hay una relación lineal entre la apropiación y valoración territorial y la politización, esto es, no toda apropiación del territorio deviene, siempre, en una apropiación politizada. A su vez, considero arriesgado determinar que las territorialidades en negociación no están, en alguna medida, politizadas, puesto que esta cualidad está, al menos, en potencia.

Al proponer esta tipología se apeló a la manera en que divergen, lo que es de otro orden, el de la politicidad. Tanto la resignificación como las transformaciones del territorio que los actores rechazaron o asumieron – vehículos para poner de manifiesto la divergencia de formas de apropiación y valoración –, son aspectos que aluden, al mismo tiempo, a sus implicaciones políticas. Esta tipología resulta de la ponderación de la dimensión política de los procesos de territorialidad y, evidentemente, de subjetivación política.

El proceso de conformación subjetiva y la politización de los recursos naturales e histórico-culturales

El proceso de subjetivación política refiere fundamentalmente a la territorialidad politizada por tratarse de un conjunto de grupos organizados que buscaron, colectivamente, rechazar y poner de relieve las consecuencias que a mediano y largo plazo supuso el proyecto minero. Esta acotación implica que la conformación política subjetiva planteada es la del Frente Amplio Opositor, sin dejar de reconocer la pluralidad al interior de este sujeto político. Esto no implicó la segregación de las otras territorialidades, sino que fueron recuperadas en la medida en que coadyuven en la explicación de la politización de estas organizaciones.

Lejos de ser un proceso instituido por un grupo homogéneo, las organizaciones articuladas en torno al FAO tuvieron que enfrentarse a las contradicciones intrínsecas que resultan, frecuentemente, de intereses particulares. El proceso de politización colectiva muestra cómo se constituyó esta organización opositora y enfatiza los factores que hicieron factible que, en este proceso, convergieran una diversidad de grupos.

El proceso de subjetivación política del grupo opositor se teje en el marco de la dominación de grupos de poder que, como se planteó, ejercieron un control sobre el territorio y, por añadidura, sobre las personas que se apropiación y valoraron Cerro de San Pedro. Esta particular forma de dominación tiene su génesis en el conflicto minero aun cuando la historicidad de los actores indique que, como en el caso del Estado y de sus instituciones, su configuración e intereses fueran más complejos.

Minera San Xavier y el Frente Amplio Opositor se enfrentaron en un escenario que estuvo cifrado por una correlación de fuerzas en la que el FAO fue un sujeto subalterno. Esta subalternidad estriba en dos aspectos. Primero, la empresa y los grupos de poder político afines a ella (presidentes municipales, estatales y federales, así como funcionarios públicos de Semarnat y Profepa), socavaron durante ese tiempo y de forma sistemática el avance del frente hacia un antagonismo social y político más amplio (MODONESI, 2010).

A pesar de la ilegalidad e inviabilidad, la continuidad del proyecto minero fue resultado, en buena parte, de la reacción de los grupos dominantes que no permitieron que sus intereses económicos y los beneficios que de ahí derivaron fueran menoscabados; además, la implementación de estrategias de desmovilización y represión selectiva hacia las organizaciones opositoras coadyuvó a la no cancelación de las operaciones de la mina.

Segundo, la condición de subalternidad de los opositores reside en que, a pesar de impugnar las iniciativas de los grupos dominantes, en esta relación, ellos se asumieron como un grupo subordinado en la medida en que no contaron con los mismos recursos políticos, económicos y mediáticos, apelando a otras estrategias de convencimiento en el despliegue de sus demandas; esto implicó la aceptación de las iniciativas del grupo dominante (GRAMSCI, 1997; MODONESI, 2010).

Dentro de las iniciativas del grupo dominante deben advertirse las constantes acciones que Minera San Xavier ejerció en aras de desarticular la lucha de resistencia del FAO: la cooptación social y política mediante bonificaciones de los grupos políticos; así como el hostigamiento y la vigilancia de los integrantes de este grupo opositor.

En el modus operandi de la empresa, estas iniciativas fueron desplegadas mediante mecanismos de coerción y de consenso, es decir, un uso selectivo de los recursos con el fin de pasar desapercibida a pesar de promover actos de intimidación y división social entre la comunidad local. Estas iniciativas requirieron, en un nivel más general, la modificación de las estructuras de poder local y regional, misma que se dio con la adecuación de los marcos legales que regulan la actividad minera.

Al analizar el proceso de subjetivación política del grupo subalterno fue necesario dar cuenta, en primera instancia, de los aspectos que explican su conformación. En este sentido, las demandas que han sido colectivizadas, y en torno a las cuales se articuló la lucha de resistencia son: la defensa contra la destrucción del pueblo de Cerro de San Pedro, la lucha contra devastación del medio ambiente y, en consecuencia, ante las posibles enfermedades y daños a la salud que suponía el proyecto minero.

La colectivización – o si se prefiere, socialización – de estas demandas se puso de relieve, por un lado, a partir de fortalecer el incipiente descontento frente a la destrucción del pueblo, transformándolo en un propulsor de la dinámica y la disputa política. Por otro lado, en la medida en que el Frente buscó la inclusión del resto de los municipios conurbados, población que también se vería afectada por el daño al acuífero del Valle de San Luis y por la imposibilidad de contener la contaminación al aire; con ello se logró establecer vínculos a partir de la denuncia de estos impactos. De esta manera, el Frente hizo de una demanda local un problema regional, dándole un alcance político mucho mayor.

El proceso de subjetivación política subalterna tiene, entre sus puntos clave, la identificación de frente a qué o quién se es subalterno, al reparar en que el “enemigo” frente al que se lucha no es sólo la empresa minera canadiense sino el conjunto de estructuras de poder que amparan sus actividades. El proceso de politización subalterna no se ciñó, aun cuando fuera un paso ineludible, a la identificación del “enemigo”. Antes bien, este escalón sirve para tomar consciencia del grado en que MSX consolidó su dominación y, es en torno a esto, que los grupos opositores reconocieron algunos límites y posibilidades de su experiencia de lucha política y resistencia.

La MSX perdió aquí con nosotros. Porque perdió y a la brava se metió, esa es otra cosa, eso ya es ponerte contra un sistema de gobierno, con el ejército que nos lo meten allí. Esa ya es una lucha diferente. Ya no es sólo una lucha contra una minera, eso tenemos que entenderlo. […] El gobierno de ahorita es un gobierno que reprime a los movimientos a como dé lugar. Nada de llegar a acuerdos. Por la fuerza te reprimen. Eso es lo que nos va a pasar aquí. Si a la empresa y al gobierno los tenemos en jaque, luchando, senadores encima y diputados […] Te matan o te encarcelan, o te tienes que chispar si bien te va. Entonces uno tiene que ver todo eso. Por eso las diferencias. Hay gente que nunca ha entrado a una mina, gente que no sabe de minería, gente que nunca ha estado en la lucha y quiere decidir sobre cosas que nunca ha probado (Entrevista a Manuel, San Luis Potosí, 5 de febrero de 2013).

Las formas de organización y la multiplicidad de acciones de resistencia desplegadas por el FAO oscilaron entre los canales formales-institucionales y las acciones colectivas, bloqueos, marchas y movilizaciones, incluido el aprendizaje sobre lo que es la minería a cielo abierto. Todo esto, constituyó el puente entre el simple rechazo espontáneo y la oposición organizada – o, en términos gramscianos, dirección consciente (GRAMSCI, 1997).

Aun sin una estructura completamente horizontal, pero que tampoco se levantó jerárquicamente, las organizaciones que emergieron y la pluralidad de grupos que fueron adhiriéndose, evidencian el carácter de su politización. Es decir, la expansión de la lucha de resistencia cualitativa y cuantitativamente, la afinación de las estrategias de lucha, son elementos que manifiestan la organización y consolidación de un movimiento político que, aun desde su condición de subalternidad, fue madurando sus herramientas políticas de lucha, particularmente en lo jurídico.

Sin dejar de reivindicar tenaz y permanentemente sus demandas, los opositores repararon en que el “enemigo” no es sólo Minera San Xavier, sino que su lucha política frente a la corporación está forzosamente mediada por la hegemonía de los grupos de poder. Aspecto de vital importancia pues, como se apuntó arriba, es a partir de allí que los sujetos rechazan y negocian la aceptación de la iniciativa y el ejercicio de dominación de dichos grupos, lo que destaca, a su vez, su condición de subalternos.

El proceso de conformación subjetiva del Frente constituye una experiencia política que se sustentó y desbordó las formas de apropiación, dominación y valoración de territorio en torno a Cerro de San Pedro. Esto es, la politización de determinadas territorialidades requirió de otros elementos que trascendían el proceso de institución de territorialidades en la medida en que, si bien retoma mucho de lo que en éstas se despliega, la necesidad de abrir la lucha de resistencia y la organización política estuvo en función de los objetivos y demandas de los sujetos politizados.

El FAO no sólo libró su lucha en la trinchera local, Cerro de San Pedro. La experiencia compartida con movimientos y organizaciones sociales y políticas de otras regiones de México y América Latina de los últimos años del conflicto permitió que su politización se afianzara.

Sin embargo, la subjetivación política subalterna se fue disgregando por el propio desgaste de una lucha de resistencia de tan largo plazo. A esto, contribuyeron, paradójicamente, los momentos de triunfo del FAO. Por ejemplo, cuando las sentencias jurídicas favorecieron a la lucha de resistencia, su fuerza de movilización entraba en repliegue. Es decir, las victorias en que parecía inminente que MSX no podría sostener más su proyecto, de alguna manera, repercutía en el itinerario de la lucha del Frente puesto que, sin dejar de lado el activismo social y político, el objetivo primordial de la lucha en la región parecía consumarse.²⁸

Conclusiones

La articulación de los enfoques de la territorialidad y la subjetivación política ponen de manifiesto los niveles de tensión que caracterizaron al conflicto socioambiental en torno a Cerro de San Pedro. Un nivel refiere a la divergencia en las formas de apropiación, valoración y dominación del territorio, donde la significación o resignificación tuvieron una función importante al delimitar los contornos entre los actores enfrentados: empresa, instituciones del gobierno y población afectada. Otro nivel es el de las formas de apropiación e institución del territorio que se enfrentan y oscilan entre la aceptación, la negociación y el rechazo de las transformaciones al paisaje impuestas por una territorialidad extranjera. El proceso de subjetivación política muestra aquellos elementos que, ya estando presentes en la conformación de territorialidades, se politizan y adquiere su especificidad.

La lucha de resistencia de los opositores se dio tanto en el ámbito jurídico como social y político. Las movilizaciones, marchas, mítines y otras acciones colectivas se combinaron con la larga lista de juicios y amparos jurídico-legales. Ambas cualidades de la resistencia, en la que se disputó el proyecto minero junto con las estructuras de poder en las cuales se sustentó, estuvieron encaminadas hacia distintos frentes: lo ambiental y lo histórico-cultural.

Sin duda alguna estos ámbitos están entrelazados, pero al privilegiar lo ambiental desde el inicio del conflicto y hasta la actualidad, lo histórico y lo ejidal tuvieron otra función, más presente en el proceso de subjetivación política. Los aspectos histórico-culturales que animaron la institución de territorialidades en negociación y politizadas, y lo ejidal, importante herramienta de lucha con la que se logró detener el proyecto por cortos periodos de tiempo, no alcanzaron a materializarse con la misma intensidad y en el mismo grado que lo ambiental durante la trayectoria del conflicto.

En términos del proceso de subjetivación política, lo ambiental, ejidal y simbólico-cultural, son piezas claves del conflicto porque constituyen pautas y ritmos que abrieron y cerraron la lucha de resistencia. Es allí donde se evidencia que, más allá de la consolidación de sus demandas, la recuperación de esta experiencia por otras luchas, nutrirá el horizonte de resistencias frente al extractivismo

A pesar del repliegue de la conflictividad en torno a Cerro de San Pedro, la experiencia sociopolítica de resistencia contra la minera también permitió, al grupo opositor, coadyuvar en otras experiencias de lucha con la misma problemática. Las redes que se han ido construyendo en torno a la defensa de la tierra, el agua y los pueblos han sido compartidas en foros y encuentros realizados en países como Panamá, Uruguay, Argentina, Salvador, Guatemala, Colombia y Chile, entre otros.

A veinte años de lucha, Minera San Xavier anunció, en 2014, el plan de cierre paulatino de sus operaciones, que incluyen un cierre tanto biofísico como social, según lo comunicado por la empresa y la Cámara Minera de México. Frente a este escenario, los opositores se mostraron escépticos, recordando la duración de más de cincuenta años de las concesiones.

En noviembre de ese mismo año, MSX junto con el gobernador de San Luis Potosí, la presidenta municipal de Cerro de San Pedro y personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia, impulsaron una iniciativa para declarar al pueblo como Zona de Monumentos Históricos, declaratoria de carácter federal con la que se busca difundir el patrimonio cultural de Cerro de San Pedro. Este esfuerzo fue criticado, no sólo por el Patronato Pro Defensa, sino por la sociedad civil en general. Sin embargo, el INAH continuó con el proceso y, hasta mediados de 2019, aún requería la ratificación del presidente López Obrador.

Para 2018, MSX informó sobre el “avance, las acciones y buenas prácticas de cierre” alcanzados, entre los que destaca: 1) la autorización otorgada por la Semarnat para el manejo y disposición de los desechos mineros, considerados residuos peligrosos, incluidos los que aún persistía por las actividades de empresa mineras antecesoras; 2) reforestación de 400 hectáreas en Monte Calera; y 3) aportaciones económicas para el mantenimiento de la infraestructura del municipio que consta, básicamente de la rehabilitación de caminos; y el desarrollo de actividades en el sector de servicios, hoteles o restaurantes. Finalmente, la corporación refiere que el cierre y restauración se prolongará hasta 2021 (MINERA SAN XAVIER, 2018).

Referencias

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Fuentes hemerográficas

La Jornada, México

La Jornada San Luis, San Luis Potosí, México

Resumo:
El presente artículo aborda el conflicto socioambiental que surgió en 1995 con la llegada de la empresa canadiense Minera San Xavier (MSX) al municipio de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, México, con el objetivo de presentar los resultados más relevantes del proyecto de investigación realizado entre 2011 y 2013. A partir de la articulación de dos enfoques, el de la territorialidad y el de la subjetivación política, se buscó explicar la reconfiguración de los procesos de apropiación del territorio y el proceso de subjetivación política que ocurren en el marco del conflicto.

Palavras-chave:
Territorialidad; Subjetivación Política; Conflicto Socioambiental.

Abstract:
This article addresses the socio-environmental conflict that arose in 1995 with the arrival of the Canadian company Minera San Xavier (MSX) in the municipality of Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, with the aim of presenting the most relevant results of the research project carried out between 2011 and 2013. From the articulation of two approaches, that of territoriality and that of political subjectivation, attempts were made to explain the reconfiguration of the processes of appropriation of territory and the process of political subjectivation occurring in the context of the conflict.

Keywords:
Territoriality; Political Subjectivation; Socio-Environmental Conflict.